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Bolivia atraviesa una crisis revolucionaria. Tras más de seis semanas de huelga general indefinida, trabajadores, indígenas y campesinos siguen bloqueando carreteras en gran parte del país. Las marchas populares persisten en las principales ciudades, y lo que comenzó como protestas por la inflación, la escasez de combustible, los salarios y el deterioro económico se ha convertido en una confrontación política más amplia. A medida que el gobierno del presidente Rodrigo Paz responde con una represión cada vez más violenta, el movimiento exige con mayor insistencia su renuncia. Las masas desafían a las instituciones de la clase dominante, impidiendo que esta gobierne como de costumbre.
En el centro de este conflicto se encuentra la Central Obrera Boliviana (COB). La COB es una federación obrera con profundas raíces en las luchas de la clase trabajadora boliviana del siglo XX. La COB actual está impregnada de un conservadurismo burocrático, fruto de una larga alianza con el gobierno boliviano para generar ingresos mediante la venta de los activos clandestinos de Bolivia como materia prima en el mercado internacional. El resultado es que, donde la izquierda internacional alguna vez clamaba por «todo el poder a la COB» en tales revueltas bolivianas, ahora no existe ninguna organización digna de la confianza de los trabajadores para tomar el poder en su nombre.
Los orígenes del COB
La COB se fundó durante la Revolución Boliviana de 1952, uno de los levantamientos revolucionarios más significativos de la historia latinoamericana. Surgida de las luchas de mineros, obreros y campesinos, la COB pronto trascendió la mera federación sindical. Funcionó como una fuerza política capaz de coordinar luchas nacionales y, en ocasiones, de actuar como un centro de poder alternativo. Para gran parte de la izquierda internacional, la COB se convirtió en un símbolo de su potencial revolucionario. Representaba un movimiento obrero que parecía capaz de trascender las demandas puramente económicas y afrontar directamente la cuestión del poder.
El COB del siglo XXI no es el de 1952.A lo largo de las décadas, la federación se ha integrado cada vez más en las estructuras estatales y ha invertido cada vez más en mantener su posición institucional. La dirección de la COB es ahora una burocracia que no comparte los mismos intereses que sus miembros.
Esta lealtad dividida se evidencia en la huelga actual. Por un lado, la dirección de COB no puede oponerse abiertamente al movimiento porque depende de la militancia de las bases. Por otro lado, temen el surgimiento de una lucha que escape al control burocrático y comience a confrontar directamente las estructuras de poder existentes. Este conflicto entre una base combativa y una dirección conservadora es un rasgo distintivo de la crisis actual.
Las cicatrices del extractivismo
Desde la colonización del siglo XVI de lo que hoy conocemos como Bolivia, la economía del país se ha basado en la extracción de sus recursos naturales, comenzando con la tristemente célebre mina de plata de Potosí. El gas natural, la minería y el litio siguen siendo la base de los ingresos estatales y el crecimiento económico. Al igual que el gobierno y muchas comunidades bolivianas, las organizaciones laborales dependen de la extracción como fuente de empleo e ingresos. En consecuencia, sectores del movimiento obrero se han visto cada vez más obligados a defender la expansión continua de industrias que generan destrucción ecológica frente a los indígenas bolivianos que exigen la restitución de sus tierras.
Ningún tema ilustra mejor esta contradicción que el litio, un mineral esencial para la fabricación de baterías recargables de iones de litio. Se estima que el Salar de Uyuni, en Bolivia, alberga el 20% de las reservas mundiales de litio, lo que ha despertado un gran interés entre las potencias china y estadounidense, ávidas de teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos. En Bolivia, debido a dichas reservas, los defensores del modelo extractivista argumentan que su explotación puede generar empleos, aumentar los ingresos y fortalecer el desarrollo nacional. Para muchos indígenas bolivianos, las oportunidades que ofrece la minería de litio representan una mayor degradación de sus tierras ancestrales.
Además, la extracción de litio requiere enormes cantidades de agua en regiones que ya sufren sequía. Las comunidades que dependen de estas fuentes de agua para la agricultura, la ganadería y el turismo se ven afectadas directamente. Asimismo, muchos proyectos han avanzado sin las formas de consulta libre, previa e informada garantizadas por los marcos legales vigentes.
En solidaridad con los pueblos indígenas de Bolivia y reconociendo que los modos capitalistas de explotación de los recursos naturales destruirán nuestro planeta si no se controlan, nosotros, Socialistas Sin Fronteras, decimos: “¡Déjenlo bajo la tierra!”.
El doble poder y la cuestión de la organización
La importancia histórica de la COB radicaba precisamente en su potencial para resolver problemas que el gobierno capitalista no podía resolver. Ahora, participan en ese mismo gobierno y tienen un interés en su supervivencia. Los trabajadores deben prestar mucha atención a cómo se comporta la COB en esta lucha y prepararse para el momento en que deban separarse.
Mientras tanto, una huelga, por muy militante que sea, no resolverá por sí sola la cuestión del poder. El problema central que enfrenta el movimiento es organizativo. A lo largo de la historia, las crisis revolucionarias han producido nuevas formas de organización cuando las instituciones existentes demostraron ser incapaces de atender las necesidades de las masas. Consejos obreros, soviets,cordones industriales, las asambleas vecinales y los comités de huelga surgen cuando la comunidad necesita estructuras capaces de coordinar la lucha y administrar la vida social ante el fracaso del gobierno burgués.
Bolivia se enfrenta a un desafío similar. Se pueden establecer comités de lucha independientes en centros de trabajo, minas, comunidades indígenas, barrios, escuelas y puntos de bloqueo. Elegidos democráticamente y con posibilidad de revocación inmediata, estos comités no solo coordinarían las protestas, sino que también podrían empezar a asumir funciones que normalmente monopoliza el Estado: organizar el suministro de víveres, coordinar el transporte, defender las movilizaciones y dirigir la vida social en las zonas bajo control popular.
Cuando estas estructuras se coordinen a nivel nacional, adquirirán la capacidad y la autoridad para desafiar el poder estatal ante el gobierno. El problema radica en que debe surgir una organización con el objetivo y la capacidad de coordinar tal rebelión a nivel nacional. Es evidente que la COB no es esa organización, y hasta el momento no se ha presentado ninguna alternativa.
Bolivia en un cruce de caminos
La crisis que se desarrolla en Bolivia no puede entenderse simplemente como un conflicto por salarios, precios del combustible o legitimidad presidencial. Refleja contradicciones más profundas arraigadas en el desarrollo económico y político del país. Las comunidades indígenas defienden la tierra y el agua. Los trabajadores defienden su sustento. El Estado responde con represión, mientras que las burocracias sindicales intentan contener las luchas que amenazan con superar los límites establecidos. Mientras tanto, los seres humanos ya no podemos abusar de nuestro medio ambiente como hasta ahora. No podemos solucionar el cambio climático mediante la explotación minera, y los trabajadores del mundo deben unir sus fuerzas y poner fin de inmediato a la extracción indiscriminada de recursos.
La crisis de Bolivia es, por lo tanto, más que una cuestión nacional. Es una advertencia para la izquierda internacional. Un socialismo que sigue dependiendo de la extracción termina reproduciendo muchas de las contradicciones que pretende superar. La lucha por la emancipación social y la lucha por la supervivencia ecológica son inseparables.
La disyuntiva a la que se enfrenta Bolivia es cada vez más la disyuntiva a la que se enfrenta la humanidad misma:
¡Socialismo o extinción!