Bolivia atraviesa una crisis revolucionaria. Tras más de seis semanas de huelga general indefinida, trabajadores, indígenas y campesinos siguen bloqueando carreteras en gran parte del país. Las marchas populares persisten en las principales ciudades, y lo que comenzó como protestas por la inflación, la escasez de combustible, los salarios y el deterioro económico se ha convertido en una confrontación política más amplia. A medida que el gobierno del presidente Rodrigo Paz responde con una represión cada vez más violenta, el movimiento exige con mayor insistencia su renuncia. Las masas desafían a las instituciones de la clase dominante, impidiendo que esta gobierne como de costumbre.
En el centro de este conflicto se encuentra la Central Obrera Boliviana (COB). La COB es una federación obrera con profundas raíces en las luchas de la clase trabajadora boliviana del siglo XX. La COB actual está impregnada de un conservadurismo burocrático, fruto de una larga alianza con el gobierno boliviano para generar ingresos mediante la venta de los activos clandestinos de Bolivia como materia prima en el mercado internacional. El resultado es que, donde la izquierda internacional alguna vez clamaba por «todo el poder a la COB» en tales revueltas bolivianas, ahora no existe ninguna organización digna de la confianza de los trabajadores para tomar el poder en su nombre.
