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Desde hace meses, el Área Metropolitana de Guadalajara enfrenta una grave crisis de calidad del agua. SIAPA —el sistema local de agua— ha estado entregando agua turbia —de color marrón o negro— a cientos de colonias. Esta agua tiene olor a aguas residuales e incluye sedimentos, entre ellos coliformes fecales, nitratos y metales pesados. La contaminación proviene principalmente del antiguo sistema de abastecimiento que trae agua del Lago de Chapala, el cual ha sido contaminado por descargas de aguas residuales en el Canal y la Presa de Las Pintas. La Planta de Potabilización No. 1 en Miravalle —construida en la década de 1950— no es capaz de tratar adecuadamente esa agua cruda contaminada con aguas negras.
Existe una discrepancia significativa entre lo que SIAPA admite y la magnitud reportada por la población y por organizaciones independientes. Mientras SIAPA reconoce afectaciones en alrededor de 180 colonias, el monitoreo ciudadano independiente de los registros de quejas señala más de 475 colonias con problemas de calidad.
El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, tardó semanas en reconocer la magnitud del problema y solo lo hizo después de reportes ciudadanos, bloqueos y presión social. El gobernador Lemus destituyó al director de SIAPA y anunció medidas de emergencia: suspender temporalmente el uso de agua de Las Pintas y del sistema antiguo e imponer cortes rotatorios, así como avanzar en obras como un acueducto de reemplazo Chapala-Guadalajara y la ampliación de las plantas de potabilización. Durante los próximos seis meses, SIAPA cortará el suministro de agua por turnos en diferentes colonias: algunas reciben agua mientras otras pasan horas o días sin ella. Miles de familias quedan sin agua en la llave mientras el gobierno promete mejoras en la calidad y presenta un plan de inversión que aumentó de estimaciones iniciales de 25 mil millones a más de 42 mil millones de pesos.
Este aumento en el costo estimado, junto con la duración esperada de los cortes rotatorios y la historia de esquemas de asociación público-privada en infraestructura estratégica en México, crea un riesgo real de que la crisis sea utilizada para abrir espacios a la participación privada o formas de endeudamiento que subordinen el servicio a criterios de rentabilidad. Esto no es una acusación de intención probada en este caso específico, sino un riesgo documentado por patrones previos y por la insuficiente transparencia respecto a los términos de las obras anunciadas.
El 11 de octubre de 2026, una marcha masiva que partió de la Glorieta de la Minerva hacia Casa Jalisco fue reprimida con gases lacrimógenos, cañones de agua a alta presión y decenas de detenciones. Hubo enfrentamientos: algunas personas lanzaron objetos a la policía y se derribaron barreras. El gobierno de Jalisco reconoció 39 detenciones y acusó a un “grupo de choque” de alrededor de 400 individuos encapuchados de haber provocado la violencia para deslegitimar la marcha. Esa cifra y esa narrativa no están respaldadas de manera independiente por los reportes y videos disponibles; un bloque organizado de ese tamaño habría sido claramente visible y documentado. Organizaciones de derechos humanos y familias denunciaron que fueron detenidas tanto personas que participaron en los enfrentamientos como otras que simplemente estaban presentes, y reportaron listas más amplias de detenidos. Al 12 de octubre de 2026, doce personas han sido liberadas y permanecen sujetas a procesos abiertos, mientras que otras siguen detenidas.
Esta respuesta represiva no es un hecho aislado. En diferentes contextos, gobiernos de distintos signos políticos han priorizado megaproyectos, concesiones o esquemas de inversión que facilitan formas de privatización parcial o negocios privados bajo el manto de lo público, y han respondido a la protesta social con criminalización. El agua es subordinada a la rentabilidad, a la deuda pública o a la negociación con el capital privado, mientras la población paga con su salud, su tiempo y su dinero, obligada a comprar agua embotellada o filtros. Los partidos que se presentan como oposición critican la privatización y exigen inversión pública, pero en la práctica suelen limitarse al marco institucional y a la negociación dentro de las reglas del Estado existente, sin cuestionar de manera fundamental la lógica que convierte el agua en una mercancía o en un objeto de concesiones.
La solución no puede reducirse a confiar únicamente en una mejor gestión técnica del mismo aparato estatal o en la simple llegada de otro partido al gobierno. Las mejoras técnicas, una mayor inversión pública y la transparencia son necesarias e inmediatas, pero bajo las condiciones actuales corren el riesgo de permanecer subordinadas a los mismos criterios de rentabilidad, endeudamiento y opacidad. El agua debe ser gestionada bajo el control de los trabajadores de SIAPA, de las colonias afectadas y de las comunidades, con plena transparencia sobre la calidad del agua, auditorías independientes y poder real de veto sobre cualquier proyecto que implique deuda o participación privada. Esto requiere una distribución equitativa para todos, junto con el cuidado colectivo del recurso. Solo es posible de manera sostenida como parte de una lucha más amplia por el poder de la clase trabajadora: nacionalizar los recursos hídricos bajo control obrero, romper con la lógica de las concesiones y los negocios, y avanzar en la planificación democrática de la infraestructura basada en las necesidades sociales y no en la ganancia.
La crisis climática y la destrucción ambiental causada por el capitalismo constituyen una amenaza mayor para la humanidad. La situación en Guadalajara es un ejemplo local de cómo el acceso a bienes básicos se vuelve precario para la mayoría mientras se preserva la lógica de la acumulación. No se trata solo de mejorar SIAPA dentro del orden actual, sino de construir la fuerza social capaz de imponer el control colectivo sobre el agua y sobre la economía en su conjunto.
La solidaridad con quienes resisten en Guadalajara —y con todas las luchas por el agua y contra la destrucción ambiental en América Latina y el mundo— exige la organización independiente de la clase trabajadora y de los sectores populares, capaces de imponer soluciones fundamentales más allá de las promesas de los gobiernos. También exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas por exigir agua limpia.
¡Agua limpia para todos ahora!
¡Distribución equitativa y cuidado del agua, sin cortes rotatorios ni cortes de suministro!
¡El agua no es un negocio: control de los trabajadores y las comunidades sobre SIAPA!
¡No más agua con excremento o metales pesados!
¡Liberación inmediata de todas las personas detenidas por exigir agua limpia!
¡Fuera la policía de las protestas por agua limpia!
¡No a la privatización ni a las asociaciones público-privadas: agua pública bajo control popular!
¡La presa y el canal de Las Pintas y el sistema antiguo contaminan, el gobierno reprime!
¡Organización independiente de las colonias y de los trabajadores de SIAPA!
¡Agua para la vida y el cuidado colectivo, no para el capital!
Socialistas Sin Fronteras
Octubre 2026